Bolivia atraviesa una escalada de tensión social y política con 47 puntos de bloqueo activos en seis de los nueve departamentos del país. Las protestas, que este miércoles cumplen dos semanas, se concentran principalmente en La Paz y Oruro.

Las movilizaciones surgieron por distintos reclamos sectoriales, entre ellos pedidos de aumento salarial, cuestionamientos a la calidad del combustible y el rechazo a una ley de tierras impulsada por el Gobierno. Aunque el Ejecutivo logró acuerdos parciales con algunos sectores, las protestas continúan y se radicalizaron en los últimos días. El lunes se registró una de las jornadas más violentas en La Paz, con enfrentamientos entre manifestantes y la Policía, ataques a oficinas públicas y la quema de un vehículo policial.

Las ciudades de La Paz y El Alto son las más afectadas por los bloqueos, que provocaron escasez de alimentos, interrupciones en el transporte público y suspensión de actividades presenciales en algunos colegios. Ante el desabastecimiento, la Policía anunció la habilitación de un “corredor humanitario” para garantizar el ingreso de alimentos, medicamentos y combustible hacia la sede de gobierno.

Desde el oficialismo apuntaron contra el expresidente Evo Morales y sus seguidores, a quienes acusan de intentar desestabilizar al Gobierno y romper el orden constitucional. El vocero presidencial, José Luis Gálvez, aseguró que existen grupos financiados por el narcotráfico detrás de las protestas. Morales rechazó esas acusaciones y afirmó que las movilizaciones reflejan el malestar social por la situación económica y la exclusión de sectores populares.

Mientras continúan las negociaciones reservadas entre el Gobierno y distintos sectores movilizados, la crisis boliviana genera preocupación internacional. Países como Argentina, Chile, Perú y Paraguay expresaron su respaldo a la institucionalidad democrática boliviana, mientras que la Organización de los Estados Americanos (OEA) convocó a una sesión extraordinaria para analizar la situación política del país.