Estados Unidos expresó su preocupación por la situación en Bolivia y denunció intentos de “desestabilización” contra la administración del presidente Rodrigo Paz.

Las protestas se mantienen desde hace dos semanas en las rutas que rodean La Paz y El Alto, mientras grupos cocaleros mantienen ocupado el aeropuerto de Chimoré, en el departamento de Cochabamba. Los manifestantes bloquearon la pista aérea con piedras y troncos para impedir posibles operativos judiciales contra Morales, investigado por presuntos delitos de trata de personas y abuso de menores.

Ante el agravamiento del conflicto, el gobierno boliviano desplegó la operación “Corredor humanitario” para restablecer el suministro de combustible, oxígeno medicinal y productos esenciales. Los operativos derivaron en enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad en distintos puntos de bloqueo. El ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, negó versiones sobre fallecidos durante los procedimientos y aseguró que la policía no utilizó armas letales.

En paralelo, las autoridades bolivianas mantienen negociaciones con sindicatos, mineros y organizaciones sociales para intentar reducir la tensión y alcanzar acuerdos que permitan levantar las protestas. El Ejecutivo también ratificó que continuará utilizando mecanismos constitucionales para preservar el orden público y garantizar el abastecimiento de la población.

La crisis generó además repercusiones internacionales. El gobierno argentino encabezado por Javier Milei envió un avión Hércules C-130 para colaborar con puentes aéreos destinados al traslado de alimentos y suministros. Asimismo, varios países de la región manifestaron su preocupación por el deterioro de la situación humanitaria en Bolivia y respaldaron los esfuerzos para restablecer el diálogo y la estabilidad institucional.