El ex presidente de Bolivia, Evo Morales, denunció la existencia de un presunto plan impulsado por el gobierno para detenerlo en el marco de la creciente tensión política y social que atraviesa el país.

Morales aseguró que las medidas promovidas por la administración de Rodrigo Paz buscan restringir derechos y criminalizar la protesta social. Asimismo, cuestionó un proyecto legislativo vinculado a los estados de excepción, al considerar que podría ampliar las facultades del Estado frente a los conflictos internos.

Las denuncias del líder del Movimiento al Socialismo fueron respaldadas por organizaciones sociales y campesinas, que expresaron preocupación por el desarrollo de operativos de seguridad en distintas regiones del país. Estos sectores sostienen que existe un clima de creciente confrontación política.

Mientras tanto, las movilizaciones continúan en varios departamentos bolivianos, manteniendo la presión sobre el gobierno y afectando la circulación en importantes corredores viales. Los grupos movilizados reclaman el cese de las acciones judiciales contra dirigentes sociales y exigen una salida negociada al conflicto.

En paralelo, el debate político se trasladó también al ámbito legislativo, donde se analiza una iniciativa relacionada con la gestión de situaciones excepcionales. La propuesta genera posiciones encontradas entre el oficialismo y la oposición, en un escenario donde la estabilidad institucional y la resolución del conflicto aparecen como los principales desafíos para el país.