En medio de una crisis política y social que ya supera un mes, el presidente Rodrigo Paz envió al Congreso un proyecto para reglamentar el estado de excepción y ampliar el marco de actuación de las Fuerzas Armadas.

El anuncio se produjo durante la asunción de Ernesto Justiniano como nuevo ministro de Defensa, tras la salida de Mauricio Salinas. Según explicó el mandatario, la propuesta busca otorgar mayor seguridad jurídica a los militares para intervenir en situaciones de emergencia y garantizar el abastecimiento de alimentos, combustibles y medicamentos en las regiones más afectadas.

Las protestas, encabezadas por sectores campesinos, sindicatos y organizaciones afines al expresidente Evo Morales, mantienen bloqueadas numerosas carreteras del país. La situación golpea especialmente a La Paz y El Alto, donde se registran problemas de abastecimiento y dificultades para el funcionamiento de servicios esenciales. Las autoridades también reportaron fallecimientos vinculados a la imposibilidad de acceder a atención médica oportuna debido a los cortes.

Paz insistió en que el diálogo sigue siendo la principal vía para resolver el conflicto, aunque advirtió que el Gobierno no descarta nuevas acciones para restablecer la circulación. En paralelo, denunció que algunos sectores buscan desestabilizar el orden democrático y señaló la existencia de intereses políticos detrás de las movilizaciones.

La crisis continúa profundizando la tensión social y económica en Bolivia. Mientras los manifestantes mantienen su reclamo de renuncia presidencial, el Gobierno busca recuperar el control de las rutas y evitar un agravamiento del desabastecimiento, en un escenario cada vez más complejo para la administración de Paz.

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