El vocero presidencial de Bolivia afirmó que la abrogación de la Ley 1720 no corresponde al Ejecutivo. Señaló que este tipo de demandas deben ser tratadas por la Asamblea Legislativa.

José Luis Gálvez explicó que, en un sistema democrático, la facultad de modificar o derogar leyes recae exclusivamente en el órgano legislativo. Aclaró que el Ejecutivo puede promulgar normas, pero no anularlas una vez vigentes.

El pronunciamiento surge ante las demandas de sectores campesinos de Beni y Pando que exigen la abrogación de la norma. Gálvez insistió en que estas solicitudes deben canalizarse a través de la Asamblea Legislativa, donde se debaten y aprueban las leyes.

Asimismo, destacó que el Gobierno mantiene apertura al diálogo con los sectores movilizados, aunque subrayó que las demandas deben seguir los procedimientos establecidos por la Constitución.

Finalmente, hizo un llamado a respetar la institucionalidad y la diversidad de opiniones en el país. Remarcó que las decisiones deben construirse mediante el debate y el consenso dentro de las instancias legales correspondientes.