En Bolivia se registran movilizaciones de sectores campesinos e indígenas en rechazo a una ley que habilita la posibilidad de hipotecar tierras agrícolas otorgadas por el Estado. La normativa ha generado debate en distintos ámbitos políticos y sociales.

Una marcha encabezada por dirigentes rurales avanza hacia La Paz con el objetivo de solicitar la derogación de la ley. La movilización se inició a comienzos de abril y fue sumando participantes a lo largo del recorrido.

La legislación establece que las pequeñas propiedades agrícolas pueden convertirse en propiedades medianas, lo que permitiría su uso como garantía para acceder a créditos. La Constitución boliviana, en su redacción actual, no contempla la hipoteca de pequeñas propiedades.

Desde el Gobierno se sostiene que la medida busca facilitar el acceso al financiamiento para el desarrollo productivo del sector rural. En cambio, organizaciones y analistas advierten que podría generar cambios en la estructura de tenencia de la tierra.

El debate se enmarca en un contexto histórico en el que la cuestión agraria ha tenido un papel relevante en el país, con antecedentes como la reforma agraria de 1953 y posteriores políticas de distribución y regulación de tierras.